Sumario
1. Introducción y contexto macroeconómico 2. El impuesto a la renta y el laberinto del “devengado” 3. El IGV como verdugo mensual 4. La Ley N.° 32069 y sus puntos ciegos tributarios 5. El SPOT. ¿Recaudación anticipada o confiscación? 6. Vacíos legales y la asimetría de las penalidades 7. Estrategias de defensa, compliance y planeamiento fiscal 8. Conclusiones y propuestas de reforma legislativa
Resumen
El presente artículo analiza la tensión entre la normativa tributaria peruana y el régimen de contrataciones públicas, regulado por la Ley N.° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas. Se evidencia cómo el sistema tributario —basado en el devengado, el impuesto general a las ventas (IGV) y el Sistema de Detracciones (SPOT)— convierte al contratista estatal en financista involuntario del propio Estado.
Se examinan las contingencias del tratamiento fiscal de las penalidades por mora y la ausencia de compensación interinstitucional, así como se proponen estrategias de compliance fiscal y reformas de política pública para proteger al proveedor estatal.
Palabras clave: Contrataciones del Estado / Ley N.° 32069 / SUNAT / IGV / devengado / detracciones / SPOT / penalidades / planeamiento fiscal
Recibido: 17-09-2026
Aprobado: 19-09-2026
Publicado en línea: 30-09-2026
1. Introducción y contexto macroeconómico
En el Perú, el Estado es el mayor comprador del mercado interno. Las contrataciones públicas inyectan entre el 10 % y el 12 % del producto bruto interno a través de ministerios, Gobiernos Regionales, municipalidades y organismos descentralizados. Ganar una licitación, un concurso público o una adjudicación simplificada parece, para cualquier empresa, el equivalente a encontrar una mina de oro:…