¿Pueden las administraciones tributarias impugnar jurisprudencia de observancia obligatoria, mediante una demanda contencioso-administrativa?

Por lo menos en el extremo de aquellas que abarcó la aplicación del criterio adoptado como de observancia obligatoria. Volver

En virtud a que uno de los objetivos del presente trabajo, es esbozar una interpretación arreglada a la constitución de lo dispuesto en el citado último párrafo del artículo 154 del TUO del Código Tributario. Volver

Sobre estos principios el artículo 2 del TUO de la Ley N.° 27584, Ley de Proceso Contencioso Administrativo señala lo siguiente: Artículo 2.- Principios El proceso contencioso administrativo se rige por los principios que se enumeran a continuación y por los del derecho procesal, sin perjuicio de la aplicación supletoria de los principios del derecho procesal civil en los casos en que sea compatible: 1. Principio de integración. Los jueces no deben dejar de resolver el conflicto de intereses o la incertidumbre con relevancia jurídica por defecto o deficiencia de la ley. En tales casos deberán aplicar los principios del derecho administrativo. 2. Principio de igualdad procesal. Las partes en el proceso contencioso administrativo deberán ser tratadas con igualdad, independientemente de su condición de entidad pública o administrado. […] Volver

Bernales Ballesteros, Enrique. La Constitución de 1993. Análisis Comparado. 5.a ed. Editora RAO,1999, p. 657 Volver

En adición a ello, la Corte Suprema se fundamentó en el descarte de una concepción de un Estado de Derecho que se basa en el principio de legalidad a una en la cual se reconoce a la Constitución Política como norma jurídica de mayor jerarquía y carácter vinculante. Volver

Danós Ordoñez, Jorge. “El Proceso Contencioso Administrativo en el Perú”. A&C Revista de Direito Administrativo e Constitucional, vol. 13. jul.-set. del 2003, p. 12. Volver

Sobre la condición de “causar estado”, es preciso tener en cuenta lo señalado en la Casación N.° 366-2016, LIMA en el siguiente sentido: […] La doctrina ha señalado que “[…] el acto administrativo que ‘causa estado’ es aquel que agota o pone fin a la vía administrativa porque fija de manera definitiva la voluntad de la administración, constituye la manifestación final de la acción administrativa respecto de la cual no es posible la interposición de otro recurso impugnativo, debiendo entenderse que ello ocurre cuando se ha llegado al funcionario superior con competencia para decidir en definitiva sobre el acto impugnado, por lo que únicamente podría ser objeto de cuestionamiento ante el Poder Judicial”, debiendo precisarse en el mismo sentido que la Casación N.° 6733-2013-LIMA, en su fundamento jurídico “Décimo”, señaló que: “[…] el solo hecho de haberse agotado la posibilidad de ejercer recursos administrativos contra un acto de Administración […] no lo convierte per se en uno susceptible de impugnación a través del proceso contencioso administrativo, independientemente del contenido mismo […] si la actuación administrativa es únicamente interina o incidental dentro de un procedimiento administrativo, deberá mantenerse todavía vigente la potestad de la Administración Pública para decidir respecto a ella hasta que su decisión adquiera carácter decisivo, en tanto —claro está— que no existan circunstancias que ameriten dejar de lado esta regla”; en consecuencia, se advierte que el término “causar estado”, no solo implica el agotamiento de la vía administrativa, sino también la decisión definitiva de la Administración, por ello para que una resolución administrativa cause estado se requiere que esta emita un pronunciamiento de fondo, agote la vía administrativa y no sea pasible de impugnación en su jurisdicción. Volver

Lo que resulta concordante con lo señalado en el segundo párrafo del artículo 13 del TUO de la Ley N.° 27584 en el sentido de que: “[…] También tiene legitimidad para obrar activa la entidad pública facultada por ley para impugnar cualquier actuación administrativa que declare derechos subjetivos […]”; y el numeral 5 del artículo 15 de la misma norma que, sobre la legitimidad pasiva para obrar, indica: “La demanda contencioso administrativa se dirige contra: “[…] 5. El particular titular de los derechos declarados por el acto cuya nulidad pretenda la entidad administrativa que lo expidió en el supuesto previsto en el segundo párrafo del artículo 13.” Volver

El artículo 10 del TUO de la Ley N.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General señala lo siguiente: Artículo 10.- Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. 2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo. 3. Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación automática o por silencio administrativo positivo, por los que se adquiere facultades, o derechos, cuando son contrarios al ordenamiento jurídico, o cuando no se cumplen con los requisitos, documentación o trámites esenciales para su adquisición. 4. Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal, o que se dicten como consecuencia de la misma. Volver