Tribunal Constitucional declara que casinos deben continuar pagando Impuesto Selectivo al Consumo
También se decidió sobre comprobantes de pago electrónicos
En el 2018, el reglamento de la ley del impuesto selectivo al consumo declaró que los casinos debían pagar este tributo, decisión tomada para evitar el uso excesivo de estos establecimientos.
Frente a esto, en el 2019, un grupo de 7,554 ciudadanos interpusieron una demanda de inconstitucionalidad contra esta norma, buscando que se deje de aplicar este impuesto a los casinos.
El día de ayer se debatió esta demanda en el Tribunal Constitucional y, con 4 votos a favor y 3 en contra se declaró que la norma era constitucional, por lo que el ISC seguirá aplicando para los casinos y demás casas de juegos.
Anteriormente, varios economistas habían mostrado su preocupación acerca de la posibilidad de que se deje de cobrar este impuesto en el panorama actual, debido a la necesidad de generar mayores recursos fiscales para el Estado.
Comprobantes de Pago Electrónicos
Por otro lado, el TC también resolvió la demanda de inconstitucionalidad interpuesta contra el Decreto Legislativo 1314, declarándola constitucional.
¿Qué permitía esta norma? Básicamente, que las empresas conocidas como Operadores de Servicios Electrónicos (OSE) se encarguen de la verificación de los Comprobantes de pago electrónico.
Hoy en día son estas empresas las que se encargan de verificar estos documentos electrónicos y, de declararse la inconstitucionalidad del Decreto Legislativo 1314, se paralizaría la emisión de las boletas de pago electrónicas, ya que la Sunat no podría asumir la verificación del volumen de comprobantes, paralizando la actuación de Sunat.
Anteriormente, Gestión informó que Renzo León Velarde, especialista en transformación digital de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), precisó que el actual modelo de facturación electrónica es una pieza fundamental en la continuidad de la cadena de pagos, pues garantiza que las transacciones económicas se realicen.
En ese sentido, la declaración de constitucionalidad de esta norma habría preservado un eje fundamental del modelo económico actual peruano.