Suprema habilita a Sunafil a declarar desnaturalización de contratos: CCL alerta riesgos para las empresas

La Cámara de Comercio de Lima (CCL) expresó su preocupación tras la reciente decisión de la Corte Suprema en la Casación N.º 24577-2022-LIMA, emitida el 20 de mayo de 2025, mediante la cual se resolvió un caso iniciado por un sindicato que cuestionaba la revocación de una multa impuesta a una empresa por la supuesta desnaturalización de más de 290 contratos temporales.

Álvaro Gálvez Calderón, jefe del Centro Legal de la CCL, explicó que la resolución representa un cambio de paradigma en materia laboral, pues la Corte Suprema ha establecido que la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) tiene competencia para declarar administrativamente la desnaturalización de contratos sujetos a modalidad, sin necesidad de intervención judicial.

“Históricamente, determinar si un contrato a plazo fijo encubre una relación laboral indefinida era una cuestión reservada a los jueces laborales, porque implica un análisis exhaustivo de la relación laboral y exige garantías propias de un debido proceso”, precisó Gálvez.

Fundamentos jurídicos en debate

El representante de la CCL recordó que el principio de primacía de la realidad, fundamental en el derecho laboral, exige valorar pruebas y hechos, tarea que corresponde a un juez y no a un inspector administrativo. Asimismo, indicó que el proceso judicial laboral ofrece un marco idóneo para que ambas partes puedan presentar pruebas, someterse a audiencias y obtener una sentencia debidamente motivada.

“Existen numerosos precedentes tanto de la Corte Suprema como del Tribunal Constitucional que confirman que la desnaturalización contractual es materia judicial, no administrativa”, añadió.

Hasta antes de este fallo, la función de Sunafil se limitaba a verificar el cumplimiento formal de los contratos modales (su existencia, duración y registro), pudiendo imponer multas si detectaba incumplimientos, pero sin poder declarar la desnaturalización ni ordenar la reposición de trabajadores, facultad exclusiva del Poder Judicial.

Impacto para las empresas

Gálvez advirtió que esta decisión de la Corte Suprema genera riesgos significativos para la seguridad jurídica empresarial. Una declaración administrativa de desnaturalización podría obligar a las empresas a reponer trabajadores y asumir el pago de beneficios sociales retroactivos, además de afrontar sanciones económicas.

“El problema es que se eliminan garantías de defensa vinculadas al debido proceso y se abre la puerta a conflictos complejos, pues un mismo trabajador podría iniciar un procedimiento ante Sunafil y, en paralelo, un proceso judicial, con el riesgo de obtener decisiones contradictorias”, puntualizó.

La CCL reiteró que la predictibilidad y coherencia de las decisiones en materia laboral son claves para la formalización y el desarrollo de las empresas. En ese sentido, exhortó a evaluar los alcances de este nuevo criterio jurisprudencial para no afectar el equilibrio entre la protección de los derechos laborales y la seguridad jurídica de los empleadores.