Prácticas anticompetitivas serán reprimidas con penas de 2 y 6 años de prisión
Proyecto de ley aprobado en el Congreso busca fortalecer la labor del Indecopi y el Osiptel para combatir este tipo de inconductas en el mercado.
El que participa en acuerdo o práctica anticompetitiva para impedir, restringir o distorsionar la libre competencia, será reprimido con una pena privativa de la libertad no menor de dos ni mayor de seis años, con 180 a 365 días multa e inhabilitación.
Así lo dispone el dictamen aprobado por el Pleno del Congreso con 107 votos a favor y cuatro abstenciones, y lo exoneró de una segunda votación con 107 votos y tres abstenciones, con lo cual la propuesta legislativa quedó expedita para la continuidad de su trámite como autógrafa y su conversión en ley.
En efecto, se trata de la iniciativa de autoría de la congresista Adriana Tudela Gutiérrez (Avanza País), que fue dictaminada en forma conjunta y consensuada a través de un texto sustitutorio preparado por las comisiones principal y segunda, Comisión de Justicia y Derechos Humanos y la de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos, respectivamente.
La sustentación la hicieron los presidentes de ambas comisiones, Américo Gonza Castillo (PL) y Elías Varas Meléndez (PB), quienes explicaron sobre las modificaciones que implicará la aprobación de la iniciativa legislativa.
En ese sentido, señalaron que se plantea la modificación del Código Penal para sancionar el abuso del poder económico; y la del Decreto Legislativo 1034 que aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas.
El objetivo, de acuerdo a los expositores, es fortalecer la labor del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) y del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) para combatir prácticas anticompetitivas.
El congresista Gonza Castillo se refrió a las manifestaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en las que indica que las prácticas colusorias más graves, como la de los cárteles, merecen especial reproche por parte de la sociedad y el Estado. En esa línea, la OCDE recomienda sanciones para este tipo de conducta.
Por su lado, Varas Meléndez indicó que la propuesta legislativa busca precisar el tipo penal del delito del abuso del poder económico y fomentar la libre competencia en lucha contra los cárteles.