Nuevo riesgo fiscal: entregar información falsa en el RUC puede costarte hasta 5 años
Sunat fortalece lucha contra fraude en comprobantes electrónicos y detracciones
La modificación de la Ley Penal Tributaria marca un paso clave en la modernización del control tributario en el Perú, alineando la normativa con la realidad de la economía digital y el uso masivo de comprobantes electrónicos.
Así, se incorporan sanciones más severas respecto al sistema de detracciones, se simplifica el sustento para denunciar estos delitos, y se sancionará la entrega de información falsa en el RUC para la emisión de comprobantes electrónicos.
El Decreto Legislativo N.º 1716, publicado recientemente, incorpora nuevas conductas sancionables vinculadas a la falsificación, adulteración o uso indebido de información tributaria, con penas que pueden llegar hasta los ocho años de pena privativa de la libertad, reforzando la capacidad del Estado para combatir esquemas de fraude que afectan la recaudación y la competencia leal.
Uno de los cambios más relevantes es la tipificación como delito de la entrega de información falsa para el Registro Único de Contribuyentes (RUC) con el propósito de habilitar la emisión de comprobantes electrónicos, conducta que será sancionada con penas de dos a cinco años de prisión.
Asimismo, la norma establece sanciones más severas -de cinco a ocho años de pena privativa de la libertad- para quienes falsifiquen o adulteren constancias de depósito de detracciones, utilizadas para sustentar el traslado de bienes, cerrando espacios a la circulación de documentación fraudulenta.
Estas modificaciones responden a la evolución del sistema de facturación en el país, donde el uso de comprobantes electrónicos es predominante. La actualización normativa permite sancionar conductas que antes estaban asociadas principalmente a documentos físicos, fortaleciendo así los mecanismos de fiscalización y control.
Adicionalmente, se establece que bastará un informe de hechos basado en la información de la SUNAT para acreditar la existencia de los ilícitos, facilitando la actuación del sistema de justicia.
Con estas medidas, el Estado refuerza la protección del sistema tributario, promueve condiciones de competencia justa entre contribuyentes y consolida el proceso de transformación digital de la Administración Aduanera y Tributaria.