El reto del Perú frente a las economías ilegales

La economía peruana está registrando un impresionante crecimiento de sus indicadores macroeconómicos en el presente siglo, lo que concita la atención internacional. Así, por ejemplo, el producto bruto interno (PBI) al cierre del 2024 alcanzó los 289,200 millones de dólares, cantidad que dista mucho de los apenas 51,700 millones de dólares registrados en el 2000, de acuerdo con las estadísticas del Banco Mundial (BM). 

Este notable avance en tan solo un cuarto de siglo fue impulsado, entre otros sectores, por los dos grandes motores de la economía peruana: la minería y la agroexportación.

Este crecimiento económico también tuvo una correlación con las exportaciones, las cuales pasaron de registrar unos 8,000 millones de dólares a comienzos del presente siglo a los 74,600 millones de dólares en el 2024, y para el cierre de este 2025 el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) prevé que se alcanzará el récord de 85,000 millones de dólares.

Producto de este notable desempeño en el comercio exterior, el Perú es hoy en día uno de los principales exportadores de cobre y oro en el mundo, así como de arándanos, paltas y otros productos a los diferentes mercados de los países desarrollados.

Asimismo, la cantidad de empresas formales en el Perú al cierre del 2024 ascendió a 2 millones 346,592 unidades, cantidad superior en 1.65% respecto al 2023. En detalle, de este total el 99.1% (2 millones 326,126) son micro y pequeñas empresas (mypes) que aportan el 20.2% del PBI nacional, según las estadísticas del Ministerio de la Producción (Produce).

No obstante la coyuntura local de preocupación por el tema de seguridad y los cambios constantes en las autoridades políticas, la cantidad de mypes en el 2024 fue mayor en 1.59% respecto al cierre del 2023, lo que evidencia el espíritu emprendedor del peruano por generar su propia fuente de ingresos con un negocio o microempresa.

Economías ilegales

Estos mayores ingresos que el Perú obtuvo en sus distintos sectores productivos se tradujo en mayores empleos y consumo en las zonas urbanas, pero también dio pie al crecimiento de economías ilegales, desde el narcotráfico que se expandió en el anterior siglo en las décadas de 1980 y 1990 hasta la minería ilegal asociada a la extracción del oro en el presente siglo, de manera mucho más amplia, motivada por el incremento de su precio en el mercado internacional.

La cotización del oro actualmente se encuentra en alrededor de los 4,000 dólares la onza; solo en lo que va del presente año registra un incremento del 51%, quedando muy atrás la cotización de 1,890 dólares de hace cinco años, en noviembre del 2020.

De acuerdo con un informe publicado en noviembre del 2024 por la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico sobre las economías ilegales en el Perú, en estimados conservadores las economías ilegales manejan montos por unos 7,000 millones de dólares al año, equivalente a aproximadamente el 3% del PBI del país.

Estas economías ilegales están conformadas principalmente por el narcotráfico, la minería ilegal, la trata de personas, el contrabando, la tala ilegal, la extorsión, entre otras actividades ilícitas.

En este contexto, la minería ilegal ha cobrado mayor notoriedad al representar alrededor del 2.7% del PBI del país, según informó a mediados del presente año el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

La extorsión es otra de las economías ilegales que se ha extendido en el país y sobre el cual el actual gobierno ha emprendido acciones más decididas para combatirla. Esta actividad delictiva inhibe el crecimiento de las mypes y la generación de empleo porque afecta a los pequeños negocios en las zonas urbanas, así como también el transporte público.

El crecimiento de las economías ilegales en el país no solo representa un riesgo para la seguridad ciudadana, sino también para la política porque podría ‘colocar’ candidatos, que una vez elegidos favorezcan el accionar de estas actividades delictivas.

Según el cuarto reporte del Observatorio del Crimen y la Violencia, correspondiente a setiembre del 2025, presentado por el Banco de Ideas Credicorp, el BCP y Capital Humano y Social, “el 78% de los peruanos considera probable que el dinero de economías criminales influya en los resultados de las elecciones del 2026”.

Estas cifras arrojan un temor fundado porque las economías ilegales, a medida que se expanden y mueven un mayor volumen monetario, empiezan a corroer la institucionalidad de un país, la economía y el medioambiente.

Tala ilegal

Por ejemplo, la tala ilegal no solo perjudica a las comunidades nativas de la Amazonía peruana, sino también al medioambiente, que conjuntamente con la minería ilegal en la selva, su impacto negativo trasciende las fronteras, porque esta parte verde del planeta es uno de los principales pulmones de nuestro planeta.

“De acuerdo con estimaciones para el 2017, el volumen obtenido de manera ilegal representa el 37% del volumen de procedencia legal”, precisa el informe de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, el cual señala que a lo largo de la cadena de procesamiento ambos orígenes se mezclan gracias a la corrupción de autoridades.

En cuanto al comercio ilegal, en el referido documento se estima que entran productos de contrabando al Perú por unos 600 millones de dólares; la frontera de Puno con Bolivia es el mayor ingreso con 232 millones de dólares (38.7% del total), seguido del Callao y la frontera con Chile, entre otros.

En la reciente Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE) 2025, el exministro de Economía Luis Carranza advirtió que “la criminalidad desde el 2022 está creciendo de manera desbocada”. Cálculos que hemos hecho nos indican que el precio real de las viviendas ha caído en un 10% en los distritos más complicados, puntualizó.

Oportunidades del país

También en CADE 2025, el presidente de Integra Holding, el empresario argentino José Luis Manzano, destacó las oportunidades que ofrece el Perú para la inversión privada. “Vinimos al Perú porque es atractivo, quien está dentro del Perú padece, teme la situación de inseguridad y la inestabilidad política; pero en el contexto regional, la estabilidad de la economía peruana, la pujanza de su sector privado y el nivel educativo de sus trabajadores actúa como un punto de atracción”, dijo.

“Entonces, nosotros lejos de venir con recetas o enseñanzas, venimos a aprender, aquí han construido una economía privada que funciona”, agregó.

Asimismo, destacó el buen desempeño laboral de los profesionales peruanos, por lo que hay “materia prima” para ser muy optimista con el futuro del Perú.

Manzano consideró necesario utilizar la tecnología para derrotar a las economías ilegales, como por ejemplo recurrir a la megadata para identificar quién compra el oro ilegal.

“El Estado tiene este desafío de la ilegalidad, tanto en la minería como en el narcotráfico […] En esto el Estado tiene superioridad. Si de verdad hace inteligencia y usa la herramienta tecnológica, el Estado tiene posibilidad de ganar la pelea”, afirmó Manzano.

Trabajo conjunto

A su turno, en CADE 2025, Eva Arias, presidenta ejecutiva del directorio de Compañía Minera Poderosa, una de las empresas que ha sido afectada directamente por organizaciones criminales vinculadas con la minería ilegal, consideró imprescindible la presencia del Estado en zonas alejadas de producción minera como Pataz, así como el trabajo conjunto del sector privado.

“De ser un distrito en que prácticamente no había presencia del Estado, hoy día sí puedo decir que hay presencia del Estado, pero para que eso no ocurra nuevamente, tenemos que trabajar en conjunto, tenemos, como privados, que hacer las cosas fáciles y ayudar en todo lo que se pueda”, dijo.