El arancel de 12.5% impuesto por Estados Unidos al Perú no afecta a la totalidad de los envíos al exterior y se buscará promover la revisión de esta medida sobre la base de avances normativos e información técnica, informó el Ministerio de Comercio E

A pesar de los retos del fenómeno El Niño y el contexto económico global, el Perú tiene espacio fiscal que le permite enfrentarlos a corto plazo sin comprometer su calificación de grado de inversión. 

¿Cuál es la perspectiva para la economía peruana tras la victoria electoral de Keiko Fujimori?

–La nueva administración hereda una economía fortalecida durante el último año. El optimismo de los mercados financieros refleja su agenda favorable a las empresas, centrada en la protección de los derechos contractuales y de propiedad, la atracción de inversión extranjera directa y la reducción de la carga regulatoria, manteniendo al mismo tiempo la consolidación fiscal.

Sin embargo, persisten desafíos estructurales. Hay un Congreso fragmentado, lo que genera incertidumbre sobre la capacidad de la nueva administración para impulsar reformas estructurales. La capacidad del gobierno entrante para forjar alianzas con partidos de centro será crucial para asegurar las mayorías legislativas necesarias para aprobar leyes claves.

Dicho esto, la fragmentación del Congreso podría frenar cambios políticos más radicales. Además, el recién establecido poder de veto del Senado sobre cambios constitucionales y procesos de destitución podría contribuir a reducir la volatilidad política. La expectativa de que Fujimori pueda cumplir un mandato presidencial completo probablemente fortalecerá la confianza empresarial y de los inversionistas, permitiendo a Perú aprovechar al máximo sus favorables términos de intercambio y el impulso de los precios de las materias primas.

–¿Cuál será el impacto en la economía peruana de la permanencia de Julio Velarde por un periodo más al frente del BCR?

–La nominación de Julio Velarde para un nuevo mandato como presidente del BCR es una señal positiva. Apenas unas semanas antes del anuncio, surgieron preocupaciones sobre la estabilidad macroeconómica luego de que se sugiriera el posible uso de reservas internacionales para financiar el gasto corriente y pusiera en duda la continuidad de Velarde. La decisión de mantener a Velarde demuestra un compromiso con la estabilidad macroeconómica y la continuidad institucional, lo que debería ayudar a afianzar las expectativas del mercado y reforzar la confianza de los inversionistas en el marco de políticas del Perú.

–¿Continuará el ciclo de altos precios de los minerales? ¿En qué medida beneficiará al país y cómo compensaría el impacto del fenómeno El Niño?

–La actividad económica se expandió 3.2% en los primeros cinco meses de 2026, sumándose al sólido crecimiento del 3.4% registrado en 2025. Los elevados precios del cobre han contribuido a amortiguar el impacto de la crisis del petróleo, lo que ha fortalecido la resiliencia de las cuentas externas.

Fitch pronostica una leve desaceleración hasta aproximadamente el 3.1% en 2026, debido a la incertidumbre relacionada con las elecciones, la crisis petrolera mundial derivada del conflicto entre Estados Unidos e Irán y los efectos previstos de El Niño (FEN).

 Para 2027, se espera que el crecimiento se acelere, impulsado por un repunte de la inversión respaldado por una relación real de intercambio favorable en un entorno de precios de minerales aún elevados y precios del petróleo más bajos. Esto debería compensar con creces la perturbación económica causada por El Niño en los sectores pesquero, agrícola y minorista durante el primer trimestre del año, a menos que el FEN sea extremadamente severo.

A pesar de estos obstáculos, se espera que el Perú sea una de las economías de más rápida expansión en América Latina y dentro de la categoría de calificación BBB, respaldada por un sólido marco macroeconómico y unas cuentas externas resilientes.

–¿Qué medidas debería tomar el próximo gobierno para mejorar el grado de inversión?

–El perfil crediticio de Perú (BBB/Estable) sigue sustentado en una sólida liquidez externa, un historial de estabilidad macroeconómica y un marco de política disciplinado. La cuestión central para la nueva administración es si podrá forjar el consenso político suficiente para reactivar el impulso de las reformas económicas y fiscales. Esto es particularmente relevante con respecto a la reforma tributaria, que será esencial para sostener la consolidación fiscal.

Fitch considera que el progreso en tres áreas clave es fundamental para la trayectoria de la calificación de Perú.

Primero, mejorar la gobernabilidad y lograr una reducción sostenida del riesgo político, incluyendo una mayor cooperación legislativa y el fortalecimiento institucional. Segundo, asegurar un retorno duradero al cumplimiento de las reglas fiscales y reducir la trayectoria del déficit hacia las metas establecidas a mediano plazo. Tercero, fomentar un crecimiento económico más alto y sostenido, respaldado por una menor incertidumbre política y un progreso significativo en las reformas estructurales, incluyendo la facilitación de la inversión.

En conjunto, el avance en estos frentes fortalecería los fundamentos crediticios de Perú a mediano plazo.

Regla fiscal

Juvera refirió que la inestabilidad política no detuvo el avance en la consolidación fiscal, impulsada por los ingresos, los elevados precios del cobre y el oro, una actividad económica favorable, entre otros. 

Sin embargo, advirtió que persisten desafíos ante las medidas aprobadas por el saliente Legislativo, que incrementarían las presiones fiscales en los próximos años, dificultando alcanzar las metas de déficit en 2026 (1.8%) y 2027 (1.4%), así como la tentación de incrementar el gasto para generar consenso político. Fitch prevé que los déficits se mantengan en torno al 2% del PBI a corto plazo.

“Perú conserva un margen fiscal significativo. La deuda pública sigue baja, cerca a 29% del PBI, muy por debajo de la mediana del 57% correspondiente a la calificación BBB, lo que proporciona un margen considerable para absorber un desajuste fiscal a corto plazo sin comprometer sustancialmente la solvencia crediticia”.