Drones, patrullajes y controles de identidad: conozca las medidas de emergencia en Cajamarca

El Gobierno declaró, por 60 días calendario, el Estado de Emergencia en 11 distritos de las provincias de Cajamarca, Cajabamba, Celendín, Hualgayoc, San Ignacio y Jaén, en el departamento de Cajamarca, debido a la afectación del orden interno generada por el incremento de la minería ilegal, delitos conexos y otras situaciones de violencia. La medida fue establecida mediante el Decreto Supremo N.° 120-2026-PCM. 

Durante este periodo, la Policía Nacional del Perú mantendrá el control del orden interno, con apoyo de las Fuerzas Armadas. Para ello, se restringe o suspende el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad del domicilio, libertad de tránsito, libertad de reunión y libertad y seguridad personales, conforme al artículo 137 de la Constitución. Las actividades masivas religiosas, culturales y deportivas requerirán permiso de las autoridades competentes.

La norma dispone, además, la conformación de un Comando de Coordinación Operativa Unificada y de comités de Coordinación Distrital, Inteligencia, Fiscalización y Comunicación Estratégica. Estas instancias deberán articular acciones policiales, militares, fiscales, judiciales y municipales para enfrentar la minería ilegal y la criminalidad.

Entre las medidas previstas figuran el patrullaje permanente, operativos de control de identidad, fiscalización de rutas vinculadas con la minería ilegal, decomiso de armas y explosivos, uso de drones con cámaras térmicas y cruce de información en tiempo real entre el Ministerio de Energía y Minas y la Policía Nacional.

Asimismo, se fortalecerán las acciones de inteligencia para identificar organizaciones criminales, sus estructuras y fuentes de financiamiento. La norma contempla también la coordinación con autoridades de Ecuador para realizar operativos conjuntos frente a la presencia de extranjeros vinculados con actividades de minería ilegal.

Al término del Estado de Emergencia, el Comando deberá presentar, dentro de los cinco días hábiles siguientes, un informe sobre los resultados obtenidos al Ministerio del Interior, documento que será elevado a la Presidencia de la República, al Senado y al Poder Judicial.